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Exhortan aprobar ley que evite desalojos forzosos al no poder pagar hipoteca

VIVENDA | 03 de marzo de 2021

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exhortó este miércoles a una comisión de la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de ley que evitaría los desalojos forzosos de las personas que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler a causa de la pandemia. EFE/ Quique García/Archivo

San Juan, 3 mar (EFE News).- Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exhortó este miércoles a una comisión de la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de ley que evitaría los desalojos forzosos de las personas que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler a causa de la pandemia o de alguna otra emergencia o de algún desastre natural.

"La falta de alternativas de viviendas accesibles y el desbalance de poder que afectan a cientos de miles en riesgo de perder sus casas nos pone en perspectiva de que lo que enfrentamos es una verdadera emergencia nacional", dijo Godreau Aubert en la ponencia que leyó hoy ante los miembros de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara.

Esta comisión legislativa evalúa el Proyecto de la Cámara 488, el cual, de ser aprobado, ordenaría una moratoria en los pagos de préstamos hipotecarios y alquileres en beneficio de aquellas personas que sufran pérdidas como resultado de una declaración de emergencia, como la actual pandemia de la covid-19, o de un desastre como el huracán María, de septiembre de 2017, o los terremotos que asolaron la región suroeste el año.

La medida se presentó tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado por petición de ALPR y figuran como coautores legisladores de cuatro de los cinco partidos políticos con representación legislativa así como un senador independiente.

"Con la aprobación del proyecto 488, Puerto Rico tiene una nueva oportunidad de utilizar su experiencia reciente para tomar un paso de avanzada y defender la vivienda como una prioridad", afirmó Godreau Aubert.

Agreó que no "existe interés económico, promesa de autorregulación o de fiscalización, que se anteponga al derecho que tienen todas las madres y los padres a acostar a sus hijos en un hogar seguro; al derecho que tiene todo adulto mayor a saber que no tendrá que lidiar con una ejecución en las postrimerías de un huracán; al derecho de una comunidad asediada por terremotos, aún en espera de asistencia un año después y ahora sin trabajo o dinero, a no enfrentar desahucios mientras busca cómo recuperarse".

Explicó que, contrario al argumento de algunos sectores, ninguna persona pierde su vivienda "porque quiere".

"La gente deja de pagar su renta o hipoteca luego de dejar de comer", aseveró Verónica Rivera, abogada comunitaria experta en hipotecas.

Recordó que el 43 por ciento de quienes pagan hipoteca y el 45% de quienes pagan alquiler invierten más de una tercera parte de su ingreso en ese gasto "y no cuentan con reservas para mitigar el impacto económico de un desastre".

También remarcó que las órdenes ejecutivas y las leyes aprobadas para atender las emergencias de los huracanes Irma y María, los terremotos del suroeste y la pandemia de la covid-19 carecen de disposiciones en beneficio de las familias en viviendas alquiladas.

En cuanto al reclamo de los dueños de viviendas preocupados por el impacto económico del proyecto de ley, Verónica González Rodríguez, también abogada comunitaria de ALPR, explicó que la medida "no se trata de una condonación de deuda" y que "la moratoria no es automática, sino que aplica" a "aquellos casos en que la persona que alquila ha sufrido un impacto económico adverso como consecuencia del desastre y no haya podido procurar asistencia para alquiler, de esta estar disponible".

Además, el proyecto "no cancela la deuda que pueda acumularse durante el período de emergencia" aunque sí ordena "un plan de pago que permita a la arrendadora recuperar la renta no percibida sin colocar a la inquilina ante un nuevo riesgo de desalojo por impago".

"Puerto Rico atraviesa una crisis de ejecuciones de hipoteca sin precedentes", añadió Rivera.

Señaló que, según los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), entre el año 2017 a septiembre de 2020 se habían ejecutado 12.788 residencias en el país.

También dijo que los terremotos y la pandemia no detuvieron las ejecuciones de hipoteca sino que, por el contrario, "entre el 28 de diciembre - fecha uno de los más grandes sismos que sacudió al sur- y el comienzo de la pandemia, se presentaron 862 nuevas demandas de ejecución contra familias en Puerto Rico".

"Esto equivale a 11 demandas diarias", sostuvo.

Asimismo, indicó que los datos de la OCIF revelan que, para septiembre del año pasado, 98.693 personas se habían acogido a moratorias porque no podían pagar su hipoteca.

Esta cantidad equivale a una quinta parte de la cartera hipotecaria en Puerto Rico y, según advirtió Rivera Torres "nos hace concluir que cerca de 1 de cada 5 personas que tiene una hipoteca actualmente está en riesgo de perder su casa".

Señaló que las situaciones descritas son aún más difíciles para las mujeres.

En específico, dijo que el 32% de las familias que viven en vivienda alquilada son encabezadas por mujeres. Pero el escenario en los hogares propios no es mejor, ya que, según indicó, un análisis de la organización demostró que "un 78.1% de las ejecuciones de hipotecas identificadas incluía una mujer como parte demandada". "Aún más impactante es que en un 27.3% de estos casos, la parte demandada consistía únicamente de mujeres", abundó.

"Para el presente y el futuro, hace falta una legislación protectora que no dependa de las agencias federales y que localmente priorice la vivienda impidiendo cualquier proceso de ejecución mientras dure la emergencia", sentenció Godreau Aubert.

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