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Comisión de asuntos laborales aprueba proyecto de la cámara 523

PENSIONES | 22 de febrero de 2021

Fotografía ilustrativa que el intercambio de un billete de dólar. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

San Juan, 22 feb (EFE News).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres, ha aprobado distintas enmiendas relacionadas al Proyecto de la Cámara 523, para garantizar el pago a nuestros pensionados y establecer un nuevo plan de aportaciones definidas para los servidores públicos.

"Durante el proceso de evaluación del Proyecto de la Cámara 120, tanto en las vistas públicas como en las ponencias escritas, esta comisión fue ilustrada particularmente sobre lo que pretende establecer el Proyecto de la Cámara 523. Este proyecto de ley tiene como propósito reconocer formal y estatutariamente el derecho adquirido de los empleados públicos sobre sus pensiones de retiro, tal y como se les ha reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico", expresó Torres.

"Es importante recalcar que este proyecto está en completa armonía con las medidas que propone el Proyecto de la Cámara 120", añadió el presidente de la Comisión.

Según reza el Proyecto de la Cámara 523 "más allá de un interés propietario, los participantes de los sistemas de retiro del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen un derecho adquirido sobre sus pensiones".

"Este derecho adquirido les coloca bajo el manto de la protección que otorga la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. Ahora bien, conforme lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los términos de estos sistemas de retiro están sujetos a enmiendas siempre que sean razonables y adelanten su solvencia económica", subrayó.

Las enmiendas contenidas en el borrador del Proyecto buscan uniformar ambas piezas legislativas, de tal forma que sean complementarias.

Ciertamente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mostraron reservas a varias de las propuestas del Proyecto de la Cámara 120 respecto a la limitación de poderes de la AFFAF y la agenda de incompatibilidad con promesa y/o el Plan Fiscal.

El derecho codificado por el Proyecto de la Cámara 523 es uno ya reconocido por el más alto foro judicial, en múltiples opiniones vinculantes, por lo que tiene fuerza de ley.

"He sabido que el reconocimiento de un derecho adquirido a una persona o entidad de parte del estado representa un impedimento procesal y sustantivo para acciones que atenten contra dicho derecho", explicó Torres.

"Por consiguiente, la medida tiene el propósito de reconocer que las pensiones de nuestros retirados han sido suficientes, y rechazar la propuesta de cualquier recorte adicional, así como prohibirle al Estado interferir con los derechos adquiridos de este sector", sostuvo el Presidente de la Comisión.

La solución propuesta es reconocer de forma oficial que estas pensiones son, en efecto, un derecho adquirido protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

De esa manera, el aparato gubernamental estará impedido de tomar acciones dirigidas a menoscabar los derechos de nuestros servidores públicos, por lo que requerirá de acción legislativa para así hacerlo.

El Proyecto de la Cámara 523 fue aprobado con nueve votos a favor.

La medida fue atendida en una Sesión Pública de Consideración Final (Markup Sessions), que es utilizado por las Comisiones con jurisdicción primaria para enmendar, recomendar al Cuerpo la aprobación de medidas legislativas o informe o el rechazo de las medidas legislativas o asuntos referidos ante su consideración.

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San Juan, 22 feb (EFE News).- El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes la Resolución del Senado 32 (RS32), para investigar cuáles serán las alternativas y los planes implantados o proyectados por el Gobierno para cumplir con la Ley 80-2020, conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos".

"Esto es una medida que llega por la petición de los servidores públicos. No se trata de legislar para las gradas, es una legislación para hacerle justicia a los servidores públicos. Lo que pretende ñéstaí resolución es conocer los planes del Gobierno y si existen las guías para darle paso ña esta Leyí. Que podamos evaluar si hay las herramientas para que ñhayaí un retiro digno", expresó el senador Ramón Ruíz, autor de la medida.

Según se establece en la exposición de motivos de la Resolución S32, que será atendida en la Comisión de Gobierno del Senado, "la Ley 80-2020 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el presupuesto del Gobierno central y los municipios, dentro de sus gastos de nómina mensualmente".

Sin embargo, se estima que unos 17.000 empleados públicos del Gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato específico de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana, cuáles son empleados esenciales, el costo para sustituirlos, de ser necesario, así como los servicios afectados.

Es por ello, que la Asamblea Legislativa hace imperativo dicha investigación ya que parte de su responsabilidad constitucional de evaluar la implementación de las leyes aprobadas para el funcionamiento del Estado Libre Asociado, tiene la obligación de fiscalizar el marco legal en ánimo de colaborar para buscar alternativas y aprobar legislación para cumplir con los empleados que esperan por la implementación de la Ley 80-2020.

Otra medida aprobada, durante la sesión ordinaria, fue la Resolución del Senado 15 que busca realizar una investigación exhaustiva sobre las razones del por qué distintas comunidades en los Municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba experimenten intermitencia, escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

"Hoy tenemos una oportunidad valiosa de aprobar la Resolución del Senado 15 y aspiro a que esta resolución nos permita tener puentes de diálogo y canalización ante este problema", argumentó la senadora Gretchen Hau, autora de la medida.

Asimismo, la Cámara Alta avaló la Resolución del Senado 68 que expone realizar una investigación para velar por el cumplimiento de las Leyes 136-1996, 80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-2018, 174-2018 y 266-2018, por parte de todas las agencias públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; investigar si el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de conformidad con su ley habilitadora, Ley 209-2003, recopila y analiza datos relacionados a la cantidad de personas en Puerto Rico que están adiestrados en lenguaje de señas.

"La sociedad ignora la mayoría de las personas con discapacidades auditivas por tratarse de una discapacidad invisible. Como profesional de la conducta humana y como defensora de los derechos humanos, invito a los compañeros legisladores a que se amarren en el cumplimiento de las leyes de la comunidad sorda en Puerto Rico", acotó Elizabeth Rosa, Senadora del Distrito de Arecibo y autora de la medida.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución del Senado 72 para investigar los problemas que enfrentan las personas declaradas no procesables conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal; auscultar posibles soluciones a la dilación en la admisión de esta población en los hospitales del Estado; indagar sobre las gestiones realizadas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) así como del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves 25 de febrero.

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