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Alcaldesa de San Juan critica la no presentación de cargos en caso del chat

INVESTIGACIÓN | 24 de noviembre de 2020

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 24 nov (EFE News).- La alcaldesa de San Juan saliente, Carmen Yulín Cruz, criticó que los Fiscales Especiales Independientes (FEI) informaran de que no encontraron prueba ni la intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del Chat de Telegram que contribuyó a la dimisión del exgobernador Ricardo Rosselló.

Cruz, a través de un comunicado divulgado este martes, se refirió así a la decisión tomada por los FEI Miguel Colón y Leticia Pabón.

"Hace poco más de un año, la entonces secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez Garced dijo que en Puerto Rico se le hace un rancho a cualquiera. La determinación de hoy del Panel del Fiscal Especial Independiente de no radicar cargos contra los integrantes del Chat confirma que en Puerto Rico se le 'tapa un rancho a cualquiera'", indicó.

"En mi caso, Christian Sobrino dijo sobre mí 'estoy salivando por caerle a tiros' y el entonces Gobernador Ricardo Roselló le contesta 'me harían un gran favor...'. Esta amenaza fue uno de los cargos que evaluaron y que, con su acción, indican que hoy no le dan validez", destacó.

"Ahora puedo hablar de mi entrevista con el FEI. Recuerdo la actitud ligera del Fiscal que preguntó en varias ocasiones que si yo no creía que eso lo habían dicho pues como un comentario sin importancia porque yo estaba haciendo un buen trabajo de fiscalización. Una y otra vez le dije que NO. Que las palabras tenían sentido y peso", mantuvo Yulín.

"De hecho, ese fiscal en particular parecía querer convencerme de que porque yo estaba y cito 'haciendo bien su trabajo de fiscalización' que por eso era objeto de comentarios frecuentes en el 'Chat'. Pero fue evidente para mí que su mente estaba hecha antes de entrar a aquella reunión y que la entrevista era solo para llenar un encasillado", destacó.

Dijo que su reacción ante la insistencia del fiscal de que aquella amenaza fue solo eso fue decirles que, si el FEI dejaba pasar esa amenaza como si nada, lo que le iba a decirle al país es que si uno tiene poder y dinero entonces puede amenazar a otra persona y no pasa nada.

"Le dije que eso haría pensar a víctimas y jueces de que si un miembro del equipo de trabajo podía hacer una amenaza y el gobernador podía apoyarlo con un 'me harían un gran favor' que entonces cualquiera podría amenazar de muerte a otra persona y entonces los agentes de ley y orden y las cortes podrían decir que "pues bendito esa no era su intención", apuntó.

"Les dije más, les dije que al no permitir que progresar querella iban a estar sentando un precedente de que la amenaza de los que tienen poder es una cuestión de estilo y uso de palabra y por lo tanto no hay que darle tanto, pero la amenaza del que no tiene dinero esa si hay que tomarla en serio y a ese si debía caerle todo el peso de la ley", indicó.

"Hoy ha ocurrido exactamente eso. Para el que tiene, para Ricky Roselló y sus amigos con poder -en aquel momento-, el FEI ha dicho que desde su privilegio merecen que veamos esto como un asunto de modales. Se equivocan una amenaza es una amenaza venga de donde venga", denunció.

"Pero este es el país que tenemos: uno donde no importa jugar con la reputación de alguien para adelantar un propósito; un país donde se juega con la libertad de la gente para adelantar agendas políticas; un país donde si tienes dinero y poder tus amenazas son cuestión 'estilo' y sin intención, pero si eres pobre te jodiste -y me perdonan la palabra, pero es la única que describe el asunto", concluyó.

El Panel del FEI, atendiendo el precepto de total independencia que le confiere la Ley 2-1988 respecto al trabajo de los fiscales, tomó conocimiento de su determinación de remitir a la Oficina de Ética Gubernamental el resultado de la investigación para la consideración de estos, a la luz de la ley.

Los fiscales especiales también decidieron referir a Elías Sánchez a la Oficina del Procurador General, ante la posible infracción de los cánones 28 y 38 del Código de Ética de la Profesión de Abogados, por su intervención en un asunto gubernamental.

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