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Juez de EE.UU. bloquea regla de "tercer país" para quienes piden asilo

EEUU INMIGRACIÓN | 01 de julio de 2020

Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, "se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo". EFE/DAVID MAUNG/ Archivo

Washington, 1 jul (EFE).- Un juez federal estadounidese dictaminó que la política del Gobierno del presidente Donald Trump bajo la cual quienes piden asilo han de esperar la respuesta en un tercer país viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y los procedimientos para cambios en las reglas.

Bajo esa política, desde el año pasado, el Gobierno estadounidense ha enviado a México y a Centroamérica a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera solicitando asilo.

"El intento por escapar de las amenazas y traumas habitualmente lleva a los migrantes a travesías peligrosas cruzando varias fronteras antes de que encuentren oportunidades de protección", dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.

"La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí", aseguró la activista, y añadió que "lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas".

El juez de Washington DC Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su país natal.

Kelly, en un fallo de 52 páginas divulgado la noche del martes, añadió que el Gobierno, al imponer la regla de "tercer país", no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para presentar sus opiniones sobre las modificaciones a las reglas federales.

Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, "se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo".

El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.

De todos modos, el dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes, pocos días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

El máximo tribunal del país consideró que la decisión de poner fin a DACA, como es conocido el programa, fue "arbitraria y caprichosa".

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Alertan que nueva ley migratoria de Florida daña también a la empresa privada

Miami, 1 jul (EFE).- Organizaciones civiles alertaron este miércoles que la nueva ley de Florida que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de la plataforma federal E-Verify afectará también a la empresa privada, trabajadores con permiso legal e incluso ciudadanos estadounidenses.

La ley cobró hoy vigencia tras la firma este martes del gobernador Ron DeSantis pese a la resistencia de los sectores de la agricultura y el turismo, los dos principales motores de la economía en el "estado del Sol" y ampliamente afectados por la pandemia del coronavirus.

"En medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, esta ley es lo último que necesitamos en este momento", se lamentó Carrie Boyd, asesora política del Fondo de Acción del Southern Poverty Law Center (SPLC).

Si bien esta ley no exige que las empresas privadas utilicen E-Verify, les impide recibir incentivos de desarrollo económico, detalló Boyd.

El SPLC indicó que de esta forma la ley "penaliza a los empleadores privados que no lo utilicen al prohibirles recibir incentivos de desarrollo económico".

Boyd subrayó que de esta forma más empleadores utilizarán dicha base de datos, que además "es conocida por su mal funcionamiento".

La nueva ley exige que los empleadores públicos de Florida, incluidos los municipios, los Gobiernos locales y cualquier escuela pública, colegio o universidad, verifiquen que sus empleados sean elegibles, incluso los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida dijo que los fallos y demoras de E-Verify a la que se enfrentan ahora los empleadores pueden provocar que los trabajadores autorizados y ciudadanos estadounidenses puedan ser despedidos o que se les retiren las ofertas de empleo "por causas ajenas a su voluntad".

Ambas organizaciones manifestaron que muchos empleadores simplemente se negarán a entrevistar o contratar inmigrantes legales para evitar posibles conflictos con las autoridades federales.

"Esta ley dañará de manera desproporcionada y discriminatoria a los inmigrantes negros y morenos y a las comunidades de color", se quejó Boyd.

"Inevitablemente, este requisito abrirá las puertas a prácticas discriminatorias por parte de los empleadores que dañarían a las comunidades de color y a los inmigrantes", se lamentó Micah Kubic, director ejecutivo de ACLU Florida.

Entre tanto, la legisladora estatal republicana Heather Fitzenhagen se mostró este miércoles "orgullosa" de impulsar esta iniciativa al considerarla "un paso en la dirección correcta hacia la reforma de la inmigración ilegal en Florida".

En Florida, donde una de cada cinco personas no nació en Estados Unidos, es fundamental que todas las personas en nuestro estado puedan vivir, trabajar y viajar sin temor a la discriminación, subrayó ACLU de Florida.

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