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El sector atunero de Ecuador ve una "oportunidad" en la tarjeta amarilla de la UE

ECUADOR UE | 04 de diciembre de 2019

El presidente del Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical (Eurothon), el español Juan Manuel Vieites, habla durante una entrevista con Efe este 3 de diciembre de 2019 en Guayaquil (Ecuador). EFE/Elías L. Benarroch

Guayaquil (Ecuador), 4 dic (EFE).- El sector atunero de Ecuador ve una "oportunidad" en la tarjeta amarilla que la UE le ha sacado al país y asegura que trabajará para que se cumplan todas las prescripciones y regulaciones internacionales porque, en definitiva, beneficiarán al país y al gremio.

Amenazado por una advertencia del que es su principal cliente, la industria de la pesca en Ecuador ha mostrado su "absoluto compromiso con el marco jurídico internacional" para resolver unos problemas que se originan en la falta de monitoreo por parte del Gobierno, un problema arrastrado desde hace cuatro años.

"El sector se ve realmente afectado y con una problemática derivada de la actuación del Gobierno en cuanto al monitoreo y un control adecuado en el mundo de la pesca", dijo a Efe el español Juan Manuel Vieites, presidente del Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical (Eurothon).

Vieites se encuentra en Guayaquil para intercambiar experiencias con la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), la Cámara Ecuatoriana de Industrias y Procesadores Atuneros (Ceipa) y ATUNEC, sobre las medidas que debería adoptar el sector para superar la tarjeta amarilla.

Una tarjeta que pone en peligro a una de las principales industrias del país, ya que Ecuador es el segundo productor y exportador de atún del mundo, una actividad que representa más de 1.151 millones de dólares.

La UE adquiere un 25 % de su atún de Ecuador, por una suma que asciende a 600 millones de euros.

El martes, en una rueda de prensa en Guayaquil, el ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda, se comprometió a crear un frente interministerial para proteger estas exportaciones, amenazadas después de que la UE detectara problemas de trazabilidad y que la ley que debe regular las capturas esté completamente obsoleta.

"(La UE) ve una ley antigua, en la cual los conceptos no tienen nada que ver con el siglo XXI y lógicamente dicen que hay que cambiarla", explica Vieites sobre unas ideas de preservación del medioambiente que, hace cuarenta años, no formaban parte del léxico internacional.

El problema, detectado por la UE hace ya cuatro años, se origina tanto en la trazabilidad de las capturas como en la propia industria de transformación, donde considera que hay falta de supervisión.

Además, abunda el experto español, "el sistema de sanciones no priva a los infractores de los beneficios de la pesca ilegal".

Aunque técnicamente la tarjeta amarilla no impide la exportación del atún a los países europeos, ha causado una grave preocupación en las asociaciones pesqueras e industriales, que aseguran cumplir las normativas y temen una "chatarrización" en los mercados de este exclusivo producto ecuatoriano.

El problema se da en los últimos años por una profusión de empresas, actualmente, 734.

Mónica Maldonado, directora ejecutiva de Ceipa, consideró que hay necesidad de "limpiar y pulir estos establecimientos que han crecido desmesuradamente" y que están por todo el país.

Los controles se han relajado, en parte, por la eliminación del Ministerio de Pesca hace unos años, pasando esa cartera a manos de responsables que no le han dado la prioridad suficiente y cuyos monitores no están tampoco adecuadamente formados.

En ese sentido, el Gobierno debe poner manos a la obra "si quiere que Ecuador no pase de la amarilla a la roja, lo que conllevaría aspectos muy negativos para el país y, sobre todo, para los sectores económicos relacionados con el atún", abunda Vieites.

Ecuador es el primer exportador del mundo a la UE, con 100.000 toneladas de conserva de atún y otras 70.000 en lomos de atún cocidos y refrigerados.

El sector emplea directamente a unas 25.000 personas y de forma indirecta a unas 108.000, un tercio de las que viven de la pesca.

Por ello, agrega el experto español, "el control y cumplimiento de la normativa" debe ser para el Gobierno "un imperativo de primer orden".

Y con una vigilancia que, a su juicio, puede "fortalecer" al sector porque es "una oportunidad para poner la casa en condiciones, tanto desde el punto de vista del Gobierno como de los sectores afectados".

La captura del atún transformado en Ecuador, y luego exportado, no la realizan únicamente flotas del país.

Ecuador tiene una capacidad de producción de unas 505.000 toneladas, de las que alrededor de 226.500 llegan de flotas extranjeras, el 45 %.

Se trata de flotas de países como México, Nicaragua, Panamá o Venezuela, y de otras que pescan en la parte Occidental del Pacífico e incluso en el Indico y el Atlántico.

Los controles de trazabilidad se requieren en el momento de la llegada del pescado y en las plantas transformadoras, lo que exige un número mucho mayor de monitores, entre 300 y 400 plenamente capacitados, frente a los 170 que existen actualmente y en los que la UE ha detectado falta de conocimiento.

Todas estas "deficiencias", advierte la Unión, "socavan la fiabilidad del sistema de trazabilidad en el cual se basa la certificación de la legalidad de las capturas".

A la vez que el Gobierno trata de pasar una nueva ley que sustituya a la de 1974, en el primer trimestre de 2020 autoridades ecuatorianas viajarán a Bruselas para tratar de revertir el "llamado de atención".

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